CAST 140502 (150) Grabar a los propios acusadores es delito

Grabar a los propios acusadores es delito

Resumamos:

En EEUU ya ha pasado: alguien ha grabado a sus acosadores y esto le ha supuesto ser denunciado y acusado por la “Justicia”. Un chico de Pennsylvania, Estados Unidos, ha recibido cargos por “desórdenes públicos”, después de haber realizado una grabación en la que un grupo de compañeros de clase lo molestaba. Christian Stanfield tiene quince años y es estudiante de segundo curso en un instituto. Un día, harto de aguantar los chistes y agresiones de sus compañeros, puso en funcionamiento la grabadora del iPad.

Enseñó la prueba documental a su madre, Shea Love, quien, indignada, corrió a hablar con el director del colegio. Este, sin hacer más caso a los abusos que se escuchaban claramente en la grabación, advirtió que haberla realizado sin autorización en el colegio podría ser constitutivo de delito… A continuación, ¡se llevó el aparato a comisaría y denunció al muchacho!

La prueba fue borrada inmediatamente por orden judicial, pero tanto la madre como el muchacho han tenido que relatar en el juzgado su contenido. Sucede en plena clase de matemáticas, y hay una serie de voces que se mofan y ríen de Christian (“¡podríamos bajarle los pantalones”, dice uno, “mejor no, debe de oler fatal”). Interviene entonces la voz de la profesora para decir que no se habla en clase si no es de la asignatura. Poco después, se oye un golpe fuerte, que el chico identificaba con el sonido de un libro lanzado a la mesa; al parecer, esto sucede después de que uno de sus compañeros amenazara con golpearle con él.

Al principio Christian fue advertido de que podría ser juzgado por un delito mayor, aunque la historia se ha resuelto con un cargo por “desórdenes públicos”.

***

A mí esta historia me recuerda la situación actual de España. Ya todos conocemos la obsesión “legalista” de la mayoría de norteamericanos, que desean con el mayor de los anhelos verse heridos “por” una escalera mecánica o encontrarse un diente de rata dentro de una hamburguesa de McDonald’s para así poder denunciar a las respectivas compañías y recibir unas indemnizaciones millonarias. El único argumento (coercitivo y nada racional) que viene utilizando últimamente el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, frente al presidente de la Generalitat, Artur (no Ártur) Mas, es que este último se tiene que someter a la “legalidad vigente”. Me imagino una entrevista de los dos políticos y que el gallego intente convencer de la “españolidad” del presidente catalán, con el argumento “irrefutable” de que así lo pone en su DNI. Me sorprendió además, en un ejercicio de generoso diálogo, que después de negar una posible “consulta soberanista” con el argumento “legalista” de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional y al voto “abrumador” de las Cortes Generales (que no del Parlament catalán), intentó pasar la pelota al contrincante y exigió a Mas “imaginación” para encontrar una solución. ¿En qué quedamos? Negando una consulta, ¿hace falta “solución”? ¿Es que todavía hay problema? En estas latitudes, “imaginación” sobra. Los votantes de cualquier partido político de España, al ejercer su derecho al voto, tiene que ponerle mucha dosis de imaginación. Durante el franquismo se vivía en una estricta legalidad, la del régimen, e incluso se habló de “democracia”, calificada con el adjetivo de “orgánica”. La imaginación la aplica el partido en el Gobierno con el cambio de leyes. Ellos fijan lo que es constitucional y lo que es legal o no. Con la nueva Ley del Aborto (le pondrán el nombre que quieran), ante la misma decisión por parte de una mujer o de un médico, con meses de diferencia en dicha decisión, puede haber consecuencias “legales” totalmente diferentes: de ser una decisión plenamente legal a constituir motivo de delito grave. La “legalidad” es lo que sostiene vergüenzas tales como la de la llamada “Trama Gürtell”: ningún implicado aspira a demostrar su inocencia, se conforma con que lo declaren “no culpable”. No es lo mismo, pero para eso está la imaginación: alguien puede cometer los mayores delitos, pero lo que es condenable es que las pruebas se hayan obtenido “ilegalmente”. No es un “País (de) tontos”, como reza un eslogan publicitario muy conocido: es un “País de pícaros e ilusos imaginativos”.